Acuerdos para combatir la piratería

La historia norteamericana del derecho de autor comenzó con el auge del desarrollo industrial norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Los procesos de investigación, producción y distribución surgidos como resultado de un complejo sólidamente construido entre la industria, la universidad y el ejército, proporcionaron a los Estados Unidos una creciente ventaja económica basada principalmente en la producción de nuevos conocimientos en los sectores claves (tecnologías médicas y científicas, farmacéutica, química, electrónica, informática, etc.).

En los 60 años, el gobierno norteamericano reconoció que la producción del conocimiento era fundamental para su crecimiento económico y su seguridad nacional. Durante el mismo período, la propiedad del conocimiento pasó de manos de los individuos a las corporaciones, y estas últimas tuvieron cada vez más éxito al exigir la aplicación de las protecciones del monopolio.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo seguía siendo muy desigual en términos de la distribución del poder político y económico y, lo mismo ocurría con las industrias del conocimiento.

En los 70, las poderosas industrias del conocimiento dentro de los Estados Unidos habían incorporado de forma exitosa sus intereses a la política exterior norteamericana: la cláusula “Special 301” de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 creó un mecanismo para presionar a los gobiernos extranjeros a acatar la ley norteamericana de derechos de autor y de patentes, elaborando una lista que clasificaba a los países según su grado de infracción de “la propiedad intelectual”(“PI”).

En los años ochenta, Estados Unidos había comenzado a tomar en serio su agenda de “PI” en el extranjero mediante acuerdos comerciales, que presionaban a los países a acatar y aplicar las normas norteamericanas de derecho de autor y de patentes como una condición para el comercio. A pesar del hecho de que el Convenio de Berna y otros acuerdos internacionales sobre “PI” concedieron excepciones a los países más pobres y a sus agendas de desarrollo, aquellos países que no respetaron, o se negaron a aceptar, la ley norteamericana de “PI”, o hicieron uso pleno de licencias reglamentarias u otras excepciones, fueron llamados cada vez más “piratas de la propiedad intelectual”.

E.E.U.U y una nueva estrategia

Frustrado porque los organismos internacionales existentes no obligaban a los países a observar las leyes de la “PI”, y superado en número en los foros internacionales compuestos por delegados de nuevos Estados independientes, que antes eran colonias, Estados Unidos desarrolló una estrategia para trasladar la lucha sobre la “PI” a otra parte. Las industrias de derecho de autor (audiovisual), en coordinación con las industrias de patentes (química, farmacéutica, y software), lucharon durante décadas por crear un fuerte sistema mundial de “PI”. Después de una feroz batalla dentro de la OMPI (específicamente entre los gigantes de la industria del conocimiento, como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania, contra la inmensa mayoría de los países en vías de desarrollo), la expansión del sistema de “PI” fue llevada a la fuerza a otro escenario.

Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio

Es así como en 1996, el contenido y la intención del Convenio de Berna y de otros convenios de derecho de autor, patentes, y marcas registradas fueron suplantados en gran medida por el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El ADPIC ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para obligar a los países en vías de desarrollo a adoptar un sistema de “PI” al estilo norteamericano, independientemente de que fuera o no por los mejores intereses de sus poblaciones, pues al incumplirlo se arriesgan a ser sometidos a sanciones comerciales.
La OMPI quedó a la saga del ADPIC, pero continuó siendo parte importante de la armonización internacional de la ley de “PI”.

Campaña anti-piratería

A escala internacional, la campaña anti-piratería de derecho de autor y de patente está ganando terreno rápidamente, sin una participación general en el debate y sin que el público conozca lo que está en riesgo. Los gobiernos de Japón, la Unión Europea, Australia e incluso algunos países en vías de desarrollo, están adoptando cada vez más los argumentos anti-piratería, que fueron desarrollados en un inicio por las industrias norteamericanas beneficiadas. El término “piratería” no solo se emplea en las negociaciones comerciales bilaterales, regionales (ALCA) e internacionales (OMC), sino también ha sido utilizado de forma generalizada por el gobierno norteamericano en las instituciones multilaterales. Esto ocurre especialmente en la OMPI, pero también dentro de la UNESCO y en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).